
La construcción de vivienda protegida se desplomó un 23% en 2025 pese a la crisis de acceso
La construcción de viviendas protegidas en España sufrió un retroceso significativo en 2025, con una caída del 23% en comparación con el año anterior. A pesar de la crítica situación de acceso a la vivienda, solo se completaron 11.104 nuevas viviendas protegidas, lo que representa una reducción de más de 3.000 unidades respecto a 2024. Este descenso, informado recientemente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, supone un duro golpe para un sector que, aunque mostró signos de recuperación en 2024, no ha logrado mantener el impulso.
Este declive en la construcción de viviendas protegidas tiene un impacto directo en las mujeres, quienes a menudo enfrentan mayores desafíos económicos y pueden verse particularmente afectadas por la falta de viviendas asequibles. La vivienda protegida, diseñada para ofrecer una alternativa más accesible a la vivienda en el mercado libre, es crucial para muchas mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, la realidad es que la oferta actual está muy lejos de satisfacer la demanda existente.
El informe también destaca una disminución en las calificaciones provisionales, que indican el número de proyectos de vivienda protegida que se inician. En 2025, estos proyectos cayeron un 35%, lo que sugiere que la caída en la construcción podría continuar en los próximos años. Este panorama es desalentador, ya que la falta de nuevas construcciones reduce las oportunidades para que las mujeres accedan a viviendas seguras y asequibles, un factor clave para su autonomía y bienestar.
A pesar de estos desafíos, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que próximamente será aprobado, busca cambiar esta tendencia con un presupuesto de 7.000 millones de euros, de los cuales un 40% se destinará a la creación de viviendas asequibles. Este plan podría representar una esperanza para muchas mujeres que buscan estabilidad y seguridad a través de una vivienda digna. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de su implementación efectiva y del compromiso de las administraciones para superar los obstáculos actuales.
Es crucial que las autoridades reconozcan la importancia de impulsar la vivienda protegida no solo como un tema económico, sino también como una cuestión de justicia social que afecta desproporcionadamente a las mujeres. La creación de políticas inclusivas y la asignación de recursos adecuados son pasos necesarios para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan un acceso equitativo a la vivienda. En este contexto, la vigilancia y la participación activa de la sociedad civil serán fundamentales para asegurar que las promesas políticas se traduzcan en acciones concretas y efectivas.
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